Ley de Delitos Económicos: el nuevo estándar de responsabilidad penal para la alta gerencia y el directorio

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595) no es una simple actualización normativa; es un cambio tectónico en las reglas del juego corporativo en Chile. Históricamente, las sanciones por fallas regulatorias recaían casi exclusivamente en el patrimonio de la empresa mediante multas. Hoy, el foco del Ministerio Público ha cambiado hacia las personas naturales: la alta gerencia y el directorio.

El 'falso confort' del compliance de papel

El mayor riesgo que observamos hoy en las empresas chilenas es la falsa sensación de seguridad. Muchos directorios operan bajo la premisa de que tener un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) guardado en un cajón, o haber nombrado a un Oficial de Cumplimiento pro-forma, es suficiente para blindarlos.

La nueva ley es implacable en este punto: si el modelo no es efectivo, real y diseñado a la medida de los riesgos específicos de la operación, deja de ser un atenuante. Quienes toman las decisiones enfrentan hoy penas de cárcel efectivas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos gerenciales y cargos públicos. El escudo corporativo ha desaparecido.

Un caso práctico: cuando un error operacional se vuelve un delito penal

Tomemos como ejemplo la industria minera y el desarrollo de proyectos de litio. Hasta hace poco, un incidente ambiental (como una filtración o un mal manejo de relaves) derivaba en un sumario y una multa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Con la nueva legislación, los atentados contra el medio ambiente han sido catalogados como delitos económicos. Esto significa que ese mismo incidente operacional hoy puede escalar rápidamente a una investigación penal directa contra el Gerente General y los directores que, por negligencia o falta de supervisión adecuada, permitieron que ocurriera.

El nuevo rol del directorio: tres preguntas incómodas

El estándar de diligencia exigido a los directores ha subido drásticamente. Todo directorio debería estar haciéndole estas tres preguntas a su equipo hoy mismo: ¿Nuestro mapa de riesgos está actualizado y abarca las cuatro categorías que establece la Ley 21.595 — delitos financieros, tributarios, laborales, ambientales y de lavado de activos? ¿Nuestro MPD es 'vivo' o es 'de escritorio', con evidencia trazable de capacitación y auditoría en la práctica? ¿Contamos con un protocolo de crisis penal si mañana la fiscalía allana nuestras oficinas por una denuncia anónima?

De la teoría legal a la certeza de negocios

La prevención ya no es un tema netamente administrativo para derivar a mandos medios; requiere una visión legal, estratégica y corporativa del más alto nivel.

En Dupouy & Méndez no solo redactamos manuales. Estructuramos defensas preventivas robustas y realizamos auditorías de riesgo real, asegurando que su directorio y gerencia puedan seguir tomando decisiones de negocio complejas con verdadera certeza jurídica y tranquilidad personal.