Una sola puerta

Para un proyecto minero, obtener la Resolución de Calificación Ambiental ha sido muchas veces la mitad del camino. La otra mitad era conservarla. Una RCA podía ser impugnada por terceros mediante la invalidación administrativa hasta dos años después de notificada o publicada, y una medida cautelar del Tribunal Ambiental podía suspenderla sin un plazo máximo. Para una faena que ya comprometió la inversión, esa incertidumbre pesa tanto como la propia evaluación.

La Ley 21.850, publicada el 17 de octubre de 2026 y conocida como la megarreforma, apunta precisamente a ese tramo. Su artículo 11 modifica la Ley 19.300, su artículo 14 modifica la Ley 20.600 y su artículo 16 cambia el régimen de los hallazgos arqueológicos y paleontológicos. Como la ley no fijó una fecha especial para la mayoría de esas normas, rigen desde el primer día del mes siguiente a su publicación, según su artículo noveno transitorio, es decir, desde el 1 de noviembre.

Una sola vía para impugnar la RCA

El nuevo artículo 20 de la Ley 19.300 concentra la impugnación de la RCA en el recurso especial de reclamación. Si se trata de una Declaración de Impacto Ambiental, lo resuelve el Director Ejecutivo del SEA. Si se trata de un Estudio de Impacto Ambiental, lo resuelve el Comité de Ministros, que preside el Ministro del Medio Ambiente y que integran además los Ministros de Salud, de Economía, de Agricultura, de Energía y de Minería. La ley mantiene ese comité, pero le exige sesionar a lo menos diez veces al año.

Pueden reclamar el titular, quienes formularon observaciones en la participación ciudadana y cualquier persona que tenga la calidad de interesado conforme al artículo 21 de la Ley 19.880. Los observantes solo pueden fundar su reclamación en sus observaciones y en vicios de procedimiento esenciales. Los demás interesados, solo en aspectos que les generen una afectación directa y en esos mismos vicios. El plazo es de treinta días desde la notificación o publicación de la resolución, y la RCA se presume conocida por todos desde que el SEA la publica en su sitio electrónico.

La autoridad debe resolver todas las reclamaciones en un mismo acto, en un plazo fatal de treinta días para una DIA y de sesenta días para un EIA. Si no lo hace, el reclamante puede pedir que resuelva en cinco días, y vencido ese plazo cualquier interesado puede solicitar un certificado que da el recurso por rechazado. Desde ahí corren veinte días para reclamar ante el Tribunal Ambiental, y la reclamación judicial solo puede fundarse en lo que se planteó en sede administrativa.

La pieza que completa el diseño es el nuevo artículo 24 bis. Contra la RCA ya no proceden los recursos administrativos ni los mecanismos de revisión de la Ley 19.880, incluida la invalidación, "por las mismas materias que se hubieren conocido a través del recurso especial de reclamación". A eso se suma que el artículo 4 de la Ley 21.850 redujo de dos años a uno el plazo general para invalidar actos administrativos del artículo 53 de la Ley 19.880.

Esa frase admite dos lecturas. La favorable al titular entiende que, vencido el plazo de reclamación, la RCA queda cerrada para cualquier revisión administrativa, porque todo lo que pudo discutirse debió plantearse por la vía del artículo 20. A su favor juega que el nuevo numeral 8) del artículo 17 de la Ley 20.600 excluye expresamente a la RCA de la reclamación judicial contra resoluciones de invalidación. La desfavorable se queda con el texto literal. Si la exclusión alcanza solo a las materias efectivamente conocidas en el recurso, un tercero que no reclamó podría intentar la invalidación por otras materias, ahora dentro de un año. Es probable que este punto termine en los tribunales, y mientras tanto el titular no debería dar por cerrada una RCA solo porque nadie la reclamó.

Seis meses como máximo

El artículo 24 de la Ley 20.600 ahora limita las medidas cautelares que suspenden total o parcialmente una RCA. Duran treinta días corridos, renovables por períodos iguales mediante resolución fundada, y en ningún caso pueden extenderse por más de seis meses desde que se otorgaron. Las resoluciones que las conceden, deniegan o renuevan son apelables ante la Corte de Apelaciones en diez días, y la apelación se concede en el solo efecto devolutivo.

El límite tiene una excepción. El tribunal puede decretar una nueva medida cuando sea necesaria para evitar un riesgo grave e irreversible al medio ambiente o a la salud de las personas, o cuando exista un incumplimiento manifiesto de la RCA, ponderando los intereses en juego y la proporcionalidad de la medida. Para una faena en construcción, la diferencia entre una suspensión sin plazo y una de seis meses es enorme. Pero la regla protege al proyecto que cumple su RCA, porque frente a un incumplimiento manifiesto el tribunal conserva la facultad de volver a suspender.

Cuándo una modificación vuelve al SEIA

Pocas actividades modifican tanto sus instalaciones como la minería. Un botadero que crece, un nuevo frente de explotación o un cambio en la planta suelen obligar a preguntarse si el cambio requiere una nueva evaluación ambiental, normalmente mediante una consulta de pertinencia.

El nuevo inciso final del artículo 10 de la Ley 19.300 dispone que las modificaciones de un proyecto con RCA favorable, cuyas obras se ejecuten en la misma área evaluada, solo requerirán nueva evaluación si hay una modificación sustantiva en la magnitud o extensión de los impactos, y que las que solo impliquen una mejora tecnológica no la requerirán. La misma norma encarga al reglamento del SEIA regular esas circunstancias. Mientras ese reglamento no se dicte, convivirán la nueva regla legal y la definición de modificación de proyecto del reglamento vigente, el Decreto Supremo N° 40 de 2012, que se refiere a cambios de consideración. Hasta que el SEA fije un criterio, las consultas de pertinencia seguirán siendo el camino prudente.

Un carril más rápido, a elección del titular

El nuevo artículo 25 septies crea un régimen especial al que el titular puede acogerse declarándolo al ingresar su proyecto. En ese régimen, una DIA admite una sola instancia de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, y un EIA hasta dos, la segunda excepcional y fundada. Los organismos sectoriales deben ceñirse a lo presentado por el titular, sin incorporar requerimientos nuevos. En paralelo, el nuevo literal a) del artículo 81 le da al SEA la rectoría técnica de la evaluación y le ordena considerar solo los pronunciamientos pertinentes, emitidos dentro de la competencia de cada organismo y dentro de plazo.

El régimen especial premia los proyectos que ingresan completos, con una línea de base sólida. Al reducirse las oportunidades de corregir, un vacío que antes se subsanaba en una segunda o tercera adenda puede terminar ahora en un rechazo. Para un EIA minero, acogerse a este régimen es una decisión estratégica que conviene tomar antes de ingresar.

Hallazgos arqueológicos y paleontológicos

En el norte del país, un hallazgo paleontológico puede detener una faena por meses. El nuevo artículo 26 de la Ley 17.288 mantiene la obligación de dar aviso inmediato a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, pero limita la paralización al área específica del hallazgo y permite continuar las actividades en los demás sectores. La Secretaría puede enviar personal dentro de cinco días hábiles, y el Consejo tiene veinte días corridos desde el aviso para resolver si se requiere autorización. Si no se pronuncia, el interesado puede pedir un certificado de vencimiento de plazo, y desde su emisión el Consejo queda impedido de pronunciarse, salvo que se trate de restos humanos u osamentas.

El nuevo artículo 26 bis libera de autorización a las intervenciones menores, con un simple aviso en la plataforma del Consejo, pero los criterios para calificarlas dependen de un reglamento que el Ministerio de las Culturas debe dictar dentro de seis meses. Declarar falsamente que una intervención es menor tiene multas de diez a quinientas UTM y, si se produce daño, pena de presidio.

Lo que el Tribunal Constitucional dejó fuera

El proyecto original incluía una indemnización para el titular de una RCA anulada, determinada por un tribunal arbitral. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales esas normas en su sentencia de 26 de agosto de 2026, en los roles 17.828-26, 17.829-26 y 17.832-26, acumulados. Aun así, los artículos 12 y 13 y el artículo décimo cuarto transitorio de la ley publicada siguen regulando ese procedimiento. La Contraloría, al tomar razón del decreto promulgatorio, advirtió que esas normas carecen de objeto y sugirió al Congreso regular la materia. En la práctica, el titular de una RCA anulada no cuenta con un procedimiento especial de compensación y queda sujeto a las reglas generales de responsabilidad del Estado.

Lo que aún no sabemos

¿Cómo se aplicarán las reglas nuevas a las evaluaciones y reclamaciones que estaban en curso el 1 de noviembre? La ley no lo resuelve, y el criterio de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, según el cual los plazos que ya empezaron a correr y las actuaciones iniciadas se rigen por la ley anterior, tendrá que adaptarse caso a caso. ¿Qué entenderá el nuevo reglamento por modificación sustantiva y por mejora tecnológica? ¿Leerán los tribunales el artículo 24 bis como un cierre completo de la RCA o solo parcial? A eso se suma que sigue en tramitación el proyecto de reforma al SEIA, Boletín N° 16.552-12, que podría volver a cambiar parte de estas reglas.

Con la megarreforma, una RCA queda expuesta a discusión por menos tiempo y por menos vías. También hay menos oportunidades de corregir la evaluación en el camino, y eso hace más valioso que nunca hacerla bien desde el primer día.